Por JAVIER RUPÉREZ. El pasado 16 de mayo el abogado neoyorkino Aaron Schlossberg se enfrentó pública y ruidosamente –el incidente fue grabado en un teléfono móvil y ha recorrido ampliamente las redes sociales- con el dueño de un restaurante y con un cliente a los que reprochó hablar en español. El abogado incluso amenazó con denunciarles a la agencia estatal de inmigración y fronteras, por presumir que se trataba de extranjeros ilegales que no conocían el inglés y a los que, siempre según el abogado, los americanos les daban gratis la seguridad social

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. Schlossberg circuló días más tarde una parcial petición de perdón, no sin que antes organizaciones hispanas y de derechos humanos hubieran manifestado su protesta ante su domicilio y la empresa propietaria del inmueble donde el abogado tenía su despacho hubiera cancelado el contrato de alquiler. La Academia Norteamericana de la Lengua Española, afiliada a la Real Academia Española, circuló días más tarde un texto de preocupación y protesta ante lo que consideraba un “síndrome de desintegración social” y un grave indicio de hispanofobia en una país del que el 17% de la población es hispana, con la previsión de llegar al 25% en 2050. La Academia subrayaba en el texto la parte fundamental que la población hispana ha desempeñado y sigue desempeñando en la vida de los Estados

Unos días más tarde del incidente en Nueva York, el 20 de Mayo, un policía de fronteras en el Estado de Montana interpeló a dos mujeres, y les pidió que se identificaran, al notar que ambas, madre e hija, hablaban entre ellas en español. La madre grabó el momento en su móvil, momento que también ha tenido amplia repercusión mediática, explicando  que el  policía  las retuvo durante más de media hora, tras haberles indicado que las detenía precisamente por el uso del idioma y por presumir que se podía tratar de inmigrantes ilegales al no hablar inglés. Madre e hija tienen la nacionalidad norteamericana.

Los dos incidentes, y algunos otros cuya narración sería demasiado prolija, justifican la preocupación de la población hispana en los Estados Unidos, de las asociaciones de derechos humanos y ciertamente de The Hispanic Council ante lo que sin lugar a dudas debe ser calificado como muestras de hispanofobia. Y no es aventurado suponer que las reiteradas muestras xenófobas en general y anti hispanas en particular, con especial acento en la inmigración de origen mejicano, que ya durante la campaña electoral y posteriormente desde la Casa Blanca ha venido profiriendo Donald J. Trump, están inspirando directamente  esas actitudes, que voluntaria o involuntariamente  adquieren tonos racistas. No solo España sino toda la Comunidad Hispana de Naciones debería hacer saber por los medios más oportuno y efectivos su rechazo a esa política, que no solo afecta a los que hablan nuestra lengua sino también a todos aquellos que tienen en ese país la fe derivada de la Declaración de Independencia, allí donde se reconoce la igualdad de todos los seres humanos.

Y esa gestión debería comenzar por reclamar a la Casa Blanca la reposición de la página en español del sistema de comunicación de la mansión ejecutiva, invariablemente mantenida durante las últimas décadas por las sucesivas administraciones con independencia de su color político y suprimida sin explicaciones al poco de llegar Trump a la presidencia. Para una sociedad en la que el bilingüismo es una realidad enriquecedora y frecuente esas manifestaciones hispanófobas generan indefectiblemente sorpresa y condena y son un germen de grave distorsión doméstica e internacional.

                                          

Javier Rupérez es Embajador de España y miembro del Consejo Asesor de The Hispanic Council